Plataforma en defensa de la Ley de Costas
El 4 de abril se presentó en rueda de prensa en Madrid la Plataforma “No a Nuestra Costa”, una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma. Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a Nuestra Costa” La Ley de Costas es una garantía para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.
La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.
“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.



El ministro dio este miércoles algunos detalles de la “profunda” reforma anunciada hace unos días de la Ley de Costas, que defiende el uso público del litoral desde 1988. Cañete explicó que el objetivo es “compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales”. Para Greenpeace, cuando Cañete aseguró que “frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación” abrió la puerta a nuevos proyectos urbanísticos. La reforma de la ley incluye la “recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas” y el fomento de la “desafectación de espacios del dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales”.